OJO POLÍTICO

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Por: Ramon frias
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Por: Ramón Frías Frías

•  Cuidando periodistas

.- Un día antes el Presidente, había anunciado medidas presuntamente para proteger a los periodistas de agresiones, pero dichas acciones fue solamente darle dinero a quienes ya les dieron antes y una supuesta coordinación que como siempre, quedará solamente en el discurso.

Eso en la Residencia Oficial de Los Pinos, con presencia de gobernadores, jefe de gobierno y gobernadora, reunión transmitida en televisión nacional, pero al siguiente día en Querétaro, fueron endurecidas las revisiones a los alcoholegas en la inauguración del macrolibramiento Querétaro-San Juan del Río, en las cercanías de la capital.

Y eso que son los que cubren la fuente, quienes fueron despojados de mochilas y talegas; cruce en arcos detectores de metales y de forma aleatoria, báscula por parte de elementos de la Policía Federal.

Algunos alcoholegas dicen que fue en represalia por una protesta realizada por reporteros gráficos en la residencia oficial de Los Pinos, en demanda de justicia por los asesinatos de periodistas a lo largo y ancho del país.

El asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y director de Río Doce, y de la directora del Semanario El Costeño de Autlán, propició una reunión de gobernadores con el secretario de Gobernación; el presidente de la CNDH y presencia de embajadores acreditados en Palacio Nacional.

Las medidas anunciadas por Peña Nieto, fue incrementar el presupuesto de los mecanismos actuales, mejoramiento de la estructura y establecimiento de un esquema de coordinación entre las autoridades federales y locales. Puro pinche rollo.

El anuncio de más presupuesto no quita que no funcionen las herramientas existentes hasta ayer, porque la impunidad campea en todos los rincones del país, además que no hay presentación de responsables de ataques a los alcoholegas.

“No podemos permitir, como sociedad y menos como gobierno, la censura, ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales”, diría Peña Nieto en su discurso.

La inconformidad fue manifestada en la propia reunión, al grito de “justicia, justicia”, lo cual propició que el Presidente se acercara al corralito donde se encontraban los fotógrafos y camarógrafos, para comprometerse a que no quedarán impunes los crímenes contra los periodistas. Lo de siempre.

En su mensaje, el mandatario dijo que “de cara a los retos en la lucha contra el crimen organizado, México no puede ni debe ceder ante la violencia”. Más adelante agregó: “Que quede claro, el Gobierno de la República tiene la plena disposición de acompañar a las autoridades locales para que los casos se resuelvan y se haga justicia”.

Todo ello en una reunión con 24 gobernadores y el Jefe del Gobierno capitalino, donde habló el secretario de Gobernación; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrada al paquete para la protección prometida y no cumplida. Se trata, dijeron, de defender a periodistas y defensores de derechos humanos.

Indicó Peña Nieto que “frente a la amenaza que representan los crímenes contra periodistas, los mexicanos respondemos con unión y acciones conjuntas. Lo hacemos convencidos de que el mundo comparte nuestra indignación y apoya nuestra causa. En unidad, haremos valer la justicia y la libertad de expresión como elementos esenciales de un país democrático y de una sociedad de derechos y libertades”, indicó.

Dizque con estas medidas vamos a caminar tranquilos: Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este Mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas. De igual forma, se establecerá un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación.

Además, se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas: mayor personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.

Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.

Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos.

Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad. Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Fue tan sonado el asesinato del colega Valdez en Sinaloa, que hasta los gringos le entraron a las declaraciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, lamentó el “trágico” asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, quien murió luego de ser atacado a tiros el pasado lunes en un suceso que eleva a siete la cifra de reporteros asesinados en México en lo que va de 2017.

Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a sus seres queridos y los miembros de su familia”, dijo Tillerson en una conferencia de prensa junto a su homólogo mexicano, Luis Videgaray, y otros funcionarios de ambos países.

Esta es, de nuevo, otra trágica pérdida de un periodista, como los muchos otros que han muerto como resultado de la violencia relacionada con el comercio ilícito de drogas”, añadió.
Sabemos que México tiene un borrador de ley bajo consideración que permitiría aprehender la propiedad y los activos de aquellos que han sido arrestados y acusados por comercio ilícito de drogas. En Estados Unidos tenemos leyes similares y hemos alentado a México a aprobar esa ley”, indicó Tillerson.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas (ONU) pidieron a México “resultados concretos” en la investigación del asesinato de Valdez, así como en las de otras muertes de la “epidemia de violencia” contra reporteros.

La falla del gobierno consiste en que deja hablar, pero no garantiza mantener libre de represalias a los alcoholegas y es falla de todos los gobiernos desde hace muchas décadas, sobre todo cuando las publicaciones le hacen cosquillas a los malosos.

Por ejemplo, el autor material e intelectual del asesinato de Manuel Buendía, fue detenido un sexenio después: había sido el director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, quien fue apresado personalmente por el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga. Habría sido tal vez el único homicida de periodistas, detenido. No hubo más, por eso decimos que reina la impunidad en lo que refiere a los periodistas muertos con violencia.

Nos leemos el lunes.

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